El auto 1392/2006 de la Sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de 21 de noviembre de 2006, ha acordado la desestimación de la medida cautelar solicitada por el partido popular de suspensión cautelar del acuerdo del Consejo de Gobierno de 20 de junio de 2006, por el que se atribuía a la Consejería de Obras Públicas la potestad de planeamiento del municipio de Marbella.

Mientras que la parte recurrente alegó la vulneración de la autonomía local en dicho acuerdo, así como la necesidad de dicha suspensión para la efectividad de la sentencia, el auto se basa fundamentalmente en la ausencia de dicha mora procesal por el hecho de que si la sentencia fuese favorable, la aprobación del PGOU de Marbella podría retrotraerse al momento anterior a la aprobación inicial de éste. 

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado el plan de ordenación del territorio de Andalucía, tras el trámite de aprobación por el Parlamento de Andalucía e incluye la propuesta parlamentaria de no admitir crecimientos que supongan incrementos de suelo urbanizable superiores al 40% del suelo urbano disponible ni los crecimientos que supongan incrementos de población superiores al 30% en ocho años. Dicho acuerdo ha sido publicado en el BOJA el 29 de diciembre de 2006, incluyéndose además en dicho boletín el texto refundido de dicho plan con las propuestas parlamentarias aprobadas. 

Ante dicha aprobación, el presidente de la Federación de Promotores Inmobiliarios (Fadeco), Francisco Javier de Aspe, ha afirmado que el plan de ordenación del territorio de Andalucía hará que numerosos empresarios vayan a la ruina y muchos trabajadores, al paro. Así mismo, que los bancos perderán dinero, los ayuntamientos recursos y que se encarecerán el suelo y la vivienda. Por todo ello, anunció que su organización recurrirá el POTA. Por su parte,  el Presidente de la Junta de Andalucía ha aclarado que la administración autonómica aplicará el POTA con un margen de flexibilidad en los casos que sea necesario para que ningún proyecto de interés general se quede sin suelo. Además, garantizó que las limitaciones previstas se analizarán, caso por caso, en aquellos supuestos en los que fuera necesario rebasar los márgenes -40% de suelo urbanizable y 30% de población- para desarrollos turísticos, industriales o residenciales.